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El presidente de la Nación, Alberto Fernández, declaró esta mañana como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz que se le otrogó al empresario Lázaro Báez y en el que la principal acusada es la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
En los Tribunales de Comodoro Py, el presidente se vio acompañado de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el diputado nacional, Eduardo Valdés. Fernández eligió declarar de forma presencial y fue el único testigo de la audiencia.
Convocado por haber sido jefe de Gabinete de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación, en ese rol él se encargaba de la redistribución de partidas presupuestarias, entre ellas de la obra pública.
“No hay una regla que diga que a una provincia le toca una cantidad de dinero por los habitantes que tiene”, sostuvo Alberto Fernández, al negar discrecionalidad en el reparto de la obra pública en favor de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
El Presidente se refirió al reparto de las obras públicas como “decisiones políticas no judiciables” y negó que haya habido un “acuerdo de voluntades” a favor del empresario.
Vale recordar que la causa investiga si se le adjudicaron demasiadas obras a Santa Cruz y si fueron direccionadas a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, teniendo en cuenta que de los 81 tramos de ruta, 51 fueron a esta empresa, algunas totalmente y otras como socio minoritario.

“Desde el ejercicio de la profesión no se conoce cómo funciona la aprobación de un presupuesto, no es decisión de un Presidente. Intervienen muchísimas jurisdicciones, después va al Congreso, y ahí se genera un debate enorme, porque cada senador y diputado pelea por llevar parte de esos recursos”, agregó Alberto Fernández.
Luego el jefe de Estado fue todavía más directo para defender a Cristina Kirchner: “Definitivamente no había distribución arbitraria, algo que es realmente muy difícil de hacer porque todas las provincias pelean por su parte”. Y agregó: “Me llama mucho la atención el sentido de esta causa porque se discuten decisiones políticas no judiciables”.
Este juicio lleva más de dos años en desarrollo y ya se les tomaron declaraciones a una gran cantidad de testigos, entre ellos empresarios participantes de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Este año se prevén más declaraciones.
Recientemente la ex presidenta, a través de su abogado Carlos Beraldi, les pidió a los jueces que convoque como testigos a los ex jefes de Gabinete durante sus mandatos: ya declararon, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
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