“El envión hay que seguir utilizándolo para que la recuperación económica sea rápida y eficaz después de la pandemia”, es la frase que sobrevuela el escenario político bonaerense, en particular durante la reunión del pasado miércoles entre el gobernador Axel Kicillof y la tropa de intendentes peronistas para hacer “análisis e interpretación” de la remontada del oficialismo en las elecciones legislativas.
Los alcaldes del Frente de Todos se llevaron de La Plata la promesa que el paquete presupuestario anual que tendrá como propósito “la reconstrucción” incluye un piso importante de inversión en obra pública y que se mantendrá el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).
Con la juntada de gestión, también arrancó la discusión sobre el nuevo momento político. Y se da, en momentos en que Kicillof y su equipo económico ultiman retoques a los proyectos de Presupuesto 2022 y de Ley Fiscal que presentarán ante la Legislatura.
Se sabe, en ámbito provincial, las fortalezas y debilidades son compartidas entre el Ejecutivo bonaerense y los intendentes municipales.
“Con una recuperación económica consolidada, ahora nos enfrentamos al desafío de continuar en el camino de la integración de la Provincia, una integración que es logística, para lo cual estamos llevando adelante una enorme inversión en rutas y caminos rurales, como así también en mejoras de accesos a puertos y sectores industriales; productiva, haciendo que campo e industria abandonen la falsa dicotomía entre ellos y se potencien; social, a través de la mejora de la infraestructura educativa y sanitaria, y la asistencia e inclusión a sectores vulnerables”, afirma el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.
Todo está por discutirse aún en la Provincia. El Presupuesto 2022 se cocina a fuego lento, y por los tiempos políticos, parece que finalmente será tratado con la nueva composición de la Legislatura.
Generalmente en tiempos de recambio, la popular “Ley de leyes” de la administración central se trata con la vieja composición. Según un viejo axioma legislativo, “siempre es más barato pagar a los legisladores que en días dejarán de serlo, que entablar una negociación con los nuevos”.
Pero en este caso parece que será distinto. Y un asesor en el tema con varios años de experiencia, especuló con que esto será así, porque junto al paquete de leyes se negociarán algunos cargos sin cubrir, sobre todo, apetitosos sillones en el directorio del Banco Provincia, y más de una silla le correspondería a alguno de los senadores y diputados salientes. Y para que eso ocurra, ya no tienen que ser legisladores.
También deberán elegirse las autoridades de los bloques y de la Cámara de Diputados. En la oposición resta definir cómo se manejarán, si como lo venían haciendo, con un bloque único, o copiar el modelo nacional de bloques separados dentro de un gran interbloque.
Con la mayoría perdida en el Senado, ahora desde Juntos avanzaron en el armado en Diputados, para tratar de sostener el cerrojo legislativo sobre el gobierno de Kicillof. Y en esto hay dos posturas: una es avanzar en la pelea por la conducción de la cámara, juntando algunos aliados, sobre todo entre los “libertarios” de José Luis Espert, y la otra es cederle la conducción al oficialismo del FdT, pero quedarse con el control de las principales comisiones y del manejo de la administración interna.
En el medio de estas discusiones, se coló esta semana el viejo reclamo de los intendentes para derogar la ley que limita las reelecciones indefinidas, y que fuera una de las principales banderas esgrimidas durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
En el oficialismo las cosas parecen estar más claras. Después del apoyo que la liga de intendentes peronistas le dio a la Gobernación en la última elección de renovación legislativa, y que en gran parte fue el factor de la recuperación electoral del Ejecutivo, desde calle 6 parecen haber dado luz verde al reclamo, y avanzar en una reforma legislativa.
Está claro que en este tema el mayor ruido se genera en la oposición de Juntos. Muchos de los legisladores que votaron dicha ley en su momento, siguen siendo legisladores y hoy deberían levantar la mano para borrar con el codo lo que escribieron hace unos años.
En ese sentido, desde la Coalición Cívica y en la voz del jefe de esa fuerza en ámbito bonaerense, el bahiense Andrés De Leo, salieron a marcarle la cancha al oficialismo, pero también hacia adentro de la propia alianza opositora, dejando en claro su oposición a modificar la normativa. “Sería bajar una de las principales banderas y un golpe muy fuerte para el espíritu colectivo de Juntos”, deslizaron por lo bajo.
Esta postura de los legisladores que responden a Elisa Carrió fue apoyada por el electo diputado por la Provincia, Diego Santilli, y por el intendente de Olavarría, también del PRO, Ezequiel Galli. Falta todavía la voz del otro socio de la fuerza, el radicalismo aunque por lo bajo aseguran también estar en contra.
Está claro que este es un tema que genera mucha tensión entre los socios de la principal coalición opositora. Y será clave, en cómo se defina finalmente, para el futuro armado político, en los próximos dos años.
Claramente, detrás de esta lucha de egos domésticos también está la puja por el perfil que mostrará Juntos por el Cambio en su tránsito hacia 2023.
Por Ricardo Salas
Fuente: lanueva.com