La denuncia fue efectuada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Buenos Aires, que actuó de oficio luego de recibir 147 denuncias por supuestas irregularidades, entre las que se encuentran créditos que no fueron solicitados, cargas automáticas, el uso de datos personales y estafas.
Desde la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, que forma parte de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones se pudo determinar que la firma imputada registró un total de 136 denuncias durante el año 2020 y otras 11 denuncias en los primeros meses del 2021, registradas en la provincia de Buenos Aires por la plataforma de reclamos online Ventanilla Única Federal.
Las principales denuncias se refieren a la imposición de créditos personales no solicitados, cargos automáticos en cuentas provenientes de presuntos fraudes, estafas en entornos digitales y el cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio.
En conjunto con las diferentes autoridades de los municipios, se requirieron y recibieron antecedentes de reclamos de las OMICs de Escobar, General Viamonte, San Vicente, Coronel Rosales, Florencio Varela, Ramallo, General Madariaga, General Alvarado, Junín, Baradero, La Plata y Tres de Febrero.
Esta modalidad que se dio de manera reiterativa es la presunta práctica de imposición de créditos de manera fraudulenta (“créditos a un click”) a clientes que no los habían solicitado, deficiencias en la validación de la identidad del solicitante permitiendo el uso de datos personales sin el correspondiente consentimiento y la obtención con maniobras engañosas de datos personales y bancarios.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, mediante la revisión de casos testigos trabajados conjuntamente, denunció hechos de ciberdelitos ocurridos en plataformas de ventas online. En ellas se otorgaban de manera engañosa préstamos no solicitados con cargos automáticos en cuentas de consumidores y consumidoras por la firma imputada Wenance.
Se decidió imputar a la empresa fintech Wenance S.A. por presunta infracción de la Ley Nacional de Defensa al Consumidor, ya que según la normativa se establece que la empresa está encargada de garantizar que las operaciones digitales sean seguras y cuiden la seguridad, intereses económicos y datos personales de los consumidores.