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Cronos Noticias » Provincia » 14 may 2021 09:00

Mano a mano con CRONOS

Ana Laura Ramos detalló los puntos del proyecto de Ley de Ética Pública para la Provincia

Desde el Ministerio de Derechos Humanos bonaerense se trabaja en un texto que apunta a dar una base para la ética y la transparencia en el Estado, con bases en el consenso y la diversidad de miradas.


  • Ana Laura Ramos detalló los puntos del proyecto de Ley de Ética Pública para la Provincia

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Desde hace meses avanza la mesa de trabajo sobre el proyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia para la Provincia de Buenos Aires, convocada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak.

El proyecto, que será presentado en la Legislatura bonaerense próximamente, cuenta con la participaron de representantes de los Poderes del Estado, Organismos de la Constitución, Universidades Públicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Municipios bonaerenses.

La encargada del seguimiento de la elaboración del proyecto de ley, la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, conversó con CRONOS acerca del trabajo realizado y de los objetivos que se pretende con el tratamiento de la norma.

Detalló el marco general del proyecto de ley, sus objetivos, cómo se apunta a implementar y sobre todo la participación ciudadana.

-¿Cuáles fueron los pasos para la elaboración de un nuevo texto para el proyecto?

-Primero, para dar un contexto histórico al proyecto de ley que se viene trabajando, lo que se visualizó es que hay una deuda de 22 años, un vacío normativo de 22 años en cuanto a lo que es legislar sobre la materia, sobre ética pública y transparencia.

A partir de ahí se ha decidido desde el gobierno provincial formar una mesa de trabajo que se conformó el 22 de octubre del 2020. Una mesa de trabajo con varios actores de la sociedad, ese fue el objetivo y el desafío para poder tener un proyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia que sea en base al dialogo, al consenso y a las visiones y miradas de diferentes sectores que hacen a toda la sociedad.

Por eso se invitó a los poderes del estado, a universidades nacionales con sede en la Provincia de Buenos Aires y provinciales a participar del proyecto de ley de la mesa de trabajo.

Se invitó a siete organizaciones de la sociedad civil, también  a todos los organismos de la Constitución, Defensoría del Pueblo y trabajamos con colegios profesionales de abogados y asociación de magistrados, entre otros, en la conformación de la mesa y, también, los municipios.

Lo hicimos por formato virtual por el contexto de pandemia. Comenzamos con las reuniones virtuales a través de una página que se armó específicamente para eso, con 8 aulas virtuales el 2 de noviembre.

Tuvimos reuniones hasta el cierre de la jornada la semana pasada el 26, 28 y 29 de abril, cuando se terminó de consensuar todo el proyecto de ley. Durante seis meses fueron 125 reuniones y más de 180 horas de trabajo con el objetivo de poder consensuar el proyecto de ley.

-¿Qué apunta a cambiar en la Provincia este proyecto  de ley?

-En realidad el proyecto lo que hace es dar las bases, es como la base de una casa, es el cimiento de una casa. Porque el proyecto de Ética Pública y Transparencia lo que hace es darnos un sistema donde están encuadrados y enmarcados los principios, deberes y prohibiciones de las personas que ejercen la función pública.

Entonces lo que te dice es que podés hacer, de qué manera lo podés hacer y que no podés hacer para ejercer en forma debida la función pública. Tiene varias características, pero principalmente nosotros trabajamos con la integridad que es la prevención.

Cuando yo tengo reglas claras de lo que puedo y no puedo hacer, entonces tengo también un lugar donde preguntar y adelantarme a lo que, si tengo dudas de que eso se puede o no se puede, que son canales de prevención, para entonces ejercer de forma debida.

Ana Laura Ramos

-¿Cuáles son los principales puntos del proyecto?

-Por ejemplo, dentro de la estructura del proyecto de ley está la primera parte que es el alcance, a quien alcanza, los tres poderes del Estado, y dentro del estado provincial todo lo que es centralizado y descentralizado.

Después se invita a participar, a que se adhieran en realidad voluntariamente, a los municipios, pero también se invita a organizaciones empresarias, organizaciones sindicales. Todos los que quieran luego adherirse.

Nosotros los invitamos, pero lo obligatorio del proyecto de ley, como todas las leyes de ética pública que existen en el país, que son 13 en total, los obligados a aplicarla son los tres poderes del Estado.

Es un encuadre para toda la Provincia de Buenos Aires que hoy no existe. Hay normas que especifican que se puede y que no hacer, pero están todas dispersas en el ordenamiento. Entonces no hay una acción para poder trabajar en un encuadre general. Porque no se tienen los principios, los deberes, las obligaciones generales en ninguna ley, porque no existe una la Ley de Ética Pública en la Provincia de Buenos Aires.

El segundo capítulo habla de principios, deberes y prohibiciones. Las personas que ejercen la función pública deben observar y ejercerla teniendo en cuenta el interés público por sobre el particular. Esos son principios que están plasmados dentro del proyecto de ley, que no es aleatorio, sino con un orden los más importantes en cuanto al ejercicio.

-Por ejemplo….

-Por ejemplo Derechos Humanos. Se tiene que adoptar una perspectiva integral a los Derechos Humanos en todo el ejercicio de la función pública y no hablamos solamente de jerarquía, hablamos de todas las personas que se desempeñan en el Estado.

Después, trato no discriminatorio e igualitario. Por ejemplo: No actuar para impedir, restringir, obstruir o de algún modo menoscabar a personas o grupos de personas en el ejercicio igualitario de derechos y garantías reconocidas en la Constitución, las leyes nacionales, las convenciones, los tratados. Sea bajo el pretexto de nacionalidad, color de piel, nacimiento, lengua.

Por supuesto hablamos de todo lo que es género y diversidad. Hay tres características principales que no están en otras leyes de ética pública de la Argentina.

Una es que el lenguaje con el que trabajamos el proyecto de ley. Es un lenguaje inclusivo, no hablamos funcionarios y funcionarias, sino que hablamos de quien se desempeña en la función pública. Hemos buscado y trabajado con palabras que incluyan a la mayor cantidad de personas posibles para que nadie se sienta por fuera de eso.

Pero, además, lo que incluimos dentro de los principios, deberes y prohibiciones son artículos específicos de género y diversidad. Esto no hace más que receptar cuestiones que ya se vienen trabajando

Una vez que esté aprobado el proyecto de ley cada uno de los poderes del Estado lo tiene que implementar.

Ana Laura Ramos

-¿Cómo sería su implementación?

-Es un proyecto de ley, a diferencia de los otros, que tiene el agregado de la capacitación obligatoria en ética pública, transparencia e integridad para todo el interior de la administración pública. Similar a la Ley Micaela, pero de Ética Pública y de Integridad.

También está propuesto que en todos los niveles educativos haya contenido sobre Ética Pública e Integridad para que pueda ser sostenido en el tiempo. Por ejemplo, el tema de vialidad, cuando nosotros éramos chicos nadie te enseñaba seguridad, pero ahora, a través de la visualización para afuera, de los canales y los noticieros, y en las escuelas, ahora un pibe no se sube a un auto, si no se pone el cinturón de seguridad.

Cuando se quiere empezar a trabajar en modificaciones o cuestiones que se pretenden que perduren, que sean sostenibles en el tiempo, se tiene que apuntar a la educación. Así que es obligatoria para dentro de la Administración Pública, que es lo que marcan los organismos internacionales, por ejemplo la ONU.

-Tengo entendido que hay lugar para la participación ciudadana…

-La tercera cuestión distintiva que tiene es la creación de una Comisión de Interpoderes de Ética Pública con un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Lo que suele suceder es que cuando se implementa, por supuesto que está bien que cada poder del Estado lo implemente.

Pero nos parecía que era importante poder generar un espacio de intercambio entre las autoridades de aplicación de los tres poderes del Estado, para que se pueda ir homogeneizando la implementación, para que puedan ir intercambiando experiencias y de esa manera poder, entre los tres poderes del Estado, ir viendo cual es la mejor manera, que experiencias a uno le sirvieron y al otro no, cuestiones para sostenerlo en el tiempo.

Nos pareció importante que además de las tres autoridades de aplicación, se integre un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que es la mayor expresión de participación ciudadana.

Así como trabajamos con participación ciudadana para hacer el proyecto de ley, nos parece que también es importante que esa participación ciudadana este dentro de la aplicación.

Con lo cual el Consejo Consultivo va a estar integrado por organizaciones de la sociedad civil, por universidades públicas y por colegios profesionales. La función que van a tener es de asesoramiento, pero también van a poder impulsar y proponer cuestiones que piensen que van a ir en favor de la implementación de la ley de los poderes del Estado.

Además, van a conformar la Comisión Interpoderes de Ética Pública, con lo cual el Estado y la sociedad, a través de este Consejo Consultivo, van a ir dialogando y trabajando con diferentes miradas.

Lo que nos parece importante es tener diversidad de miradas, tanto en la conformación, como luego cuando tenga que implementarse para que pueda sostenerse en el tiempo.

Lo pensamos como un sistema de impulso, de garantía, de ética pública y de integridad, porque tiene que ser dinámico, en cuanto a la forma que se va a ir aplicando.

En el camino, uno se puede dar cuenta que al momento de aplicarla no es la mejor manera. Entonces se tienen que buscar opciones de mejora. Por eso, tanto la Comisión de Interpoderes, como el Consejo Consultivo y las capacitaciones obligatorias hacen que el proyecto de ley sea dinámico.

Ana Laura Ramos

Por Juan Alfaro (ALFA)

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