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Concretamente, la iniciativa solicita la suspensión por el término de tres meses de lo enmarcado en el artículo 4 inciso c) del Decreto Ley 9650/80 T.O. que se refiere al aporte que realizan los intendentes de la Provincia por el personal que en forma permanente o temporaria presta servicios remunerados y en relación de dependencia en cada municipio.
Además, se faculta al Poder Ejecutivo bonaerense a prorrogar dicho plazo en caso de continuar la emergencia generada por la pandemia del coronavirus lo que ayudará, junto con otras medidas que puedan tomarse, a aliviar en parte la difícil situación económica de los municipios derivada de la drástica reducción de sus ingresos.
“La difícil situación a la que se enfrenta el país con motivo de la pandemia del coronavirus y que impacta de manera directa en los ingresos de muchos de sus habitantes, ha reducido de manera drástica los ingresos del Estado, tanto Nacional como Provincial y Municipal, lo que genera enormes dificultades para cubrir los gastos corrientes”, señalaron los legisladores.
Asimismo, consideraron necesario, “encontrar formas alternativas para evitar que el impacto de la crisis impida cumplir con las obligaciones de los municipios que ante la falta de pagos de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, de seguridad e higiene y patentes de automotores, se encuentran en graves dificultades económicas”.
No obstante, al margen de la prioridad de los municipios en el pago de los salarios dado su carácter alimentario, los diputados aseveraron que tampoco se puede crear una situación que provoque el desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, “por esta razón la suspensión se decreta por un término acotado, sujeta a la duración de la pandemia y con un plazo máximo de duración”, explicaron.
El proyecto presentado por los diputados de Juntos por el Cambio afirma que una vez concluida la suspensión, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá establecer la metodología para el pago de los aportes no efectuados.
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