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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, apareció luego de semanas caldeadas por conflictos en diferentes unidades penitenciaras bonaerenses: Huelgas de hambre, pedidos sanitarios ante la pandemia y el hacinamiento y un interno muerto en la Unidad n° 23 de Florencio Varela.
Las protestas se dan en el marco de reclamos en complejos penitenciarios de la Provincia, quienes temen las consecuencias del Coronavirus al alegar que las unidades no están preparadas para enfrentar un posible caso de COVID-19.
Por otro lado, internos piden que se les conceda la prisión domicilaria, cuestión que iba a serles otorgada a aquellos presos que fueran de riesgo frente al Coronavirus.
En todo este revuelo por la obtención de prisiones domicilarias que alarmó a más de un habitante de la Provincia, apareció Alak: “Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos”, expresó en primera instancia en su cuenta de Twitter.
A su vez, ante las suposiciones por la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar las prisiones domicilarias, Alak aclaró:”La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias”.
“Los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial. Asimismo de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones judiciales”, añadió.
“Por lo tanto el Poder Ejecutivo provincial no está facultado para peticionar o decidir sobre libertades o morigeraciones de pena de los privados de libertad”, finalizó Alak.
Sin embargo, aunque saldado ese primer revuelo, la aclaración no logra saldar el conflicto interno que se produce en la Unidades penitenciarias de toda la Provincia en el marco del Coronavirus, y que incluso exceden a la pandemia porque son moneda corriente hace muchos años.
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Tras el conflicto
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