martes 02 de junio de 2020 - Edición Nº1342
Cronos Noticias » En Foco » 26 abr 2020 11:00

Tensión y preocupación

Cárceles bonaerenses y el Coronavirus: huelgas, muerte y un ministro Alak ausente

Los efectos del Coronavirus se metieron de lleno en la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Huelgas de hambre, pedidos sanitarios ante la pandemia y el hacinamiento y un preso muerto. El rol del ministro de Derechos Humanos y Justicia bonaerense.


Esta semana que pasó nuevamente los bonaerenses vieron en los portales y medios televisivos imágenes que traen viejos temores: cárceles bonaerenses con protestas, presos subidos a los techos reclamando derechos, efectivos penitenciarios reprimiendo.

Las protestas se dan en el marco de reclamos en complejos penitenciarios de la Provincia, quienes temen las consecuencias del Coronavirus al alegar que las unidades no están preparadas para enfrentar un posible caso de COVID-19.

El 20 de abril, reclusos de la Unidad 10 de la localidad de Melchor Romero treparon a los techos y pidieron beneficios procesales. Además, señalaron que no pueden hacerle frente al virus desde ahí dentro por falta de atención médica.

En total, hay 1.200 presos en huelga de hambre en el pabellón 9 de la Unidad 48 San Martín, 25 del pabellón 11 de la Unidad 31 Florencio Varela, 42 del área de régimen abierto de la Unidad 39 Ituzaingó, 26 del pabellón 3 de la Unidad 27 Sierra Chica, 22 internas del pabellón 5 de la Unidad 33 Los Hornos y 140 detenidos de la Unidad 12 Gorina, entro otros.

Los pedidos incluían libertad condicional, asistida o arrestos domiciliarios a los internos que pueden acceder a esos beneficios, y dejar que los internos que hasta marzo (antes de que iniciara el aislamiento social, preventivo y obligatorio) tenían salidas transitorias, puedan ir a sus casas. Además, el conflicto en el Melchor Romero tuvo el condicionante de que internos que estaban prontos a salir, se vieron afectados ante la pandemia.

El martes 22 tuvo lugar una reunión para analizar la delicada situación. Estuvieron presentes el juez Víctor Violini, vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, que el 8 de abril emitió una resolución en la que con su firma hizo lugar a un habeas corpus colectivo que otorga la prisión domiciliaria a unos 2.300 presos detenidos en penales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pero que en su mayoría no fue efectivizada por los jueces de ejecución penal.

En la reunión se pidió al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia que condue Julio Alak que provea de elementos básicos como jabones, alcohol en gel, lavandina, barbijos, guantes y que se garantice la adecuada atención médica y sanitaria para los internos.

El miércoles 22, en la unidad 23 de Florencio Varela, distintos presos intentaron levantarse en un motín: lanzaron piedras y se subieron a los techos. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no dudó en reprimir. El saldo, un recluso muerto.

El viernes 24, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) confirmó que el interno de la Unidad 23 de Florencio Varela que reclamaba, junto a otros internos, por mejores condiciones ante la emergencia por Coronavirus y la condición general de las cárceles fue “asesinado brutalmente” por agentes del Servicio Penitenciario bonaerense.

En un comienzo, se había divulgado que se trató de un “enfrentamiento” entre detenidos, que terminó con la vida de Federico Rey, de 30 años. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció el hecho y le pidió al ministerio de Justicia que maneja Julio Alak, la “exoneración” de los miembros que dispararon al preso, tras enterarse del accionar violento.

“Vamos a avanzar con la investigación hasta las últimas consecuencias. La utilización de proyectiles de plomo no está permitida dentro de las cárceles. Se utiliza en la seguridad perimetral, solo en casos extremos y para repeler agresiones externas”, afirmó el titular del SPB, Xavier Areses. Mientras se avanza con la investigación, se dispuso el inmediato relevo del director de la cárcel, los tres subdirectores y el Jefe de la Sección Vigilancia y Tratamiento.

En todo este delicado proceso, el ministro de Derechos Humanos y Justicia bonaerense, Julio Alak brilló por su ausencia. No apareció, no dio declaraciones o explicaciones públicas, como tampoco los planes para enfrentar esta situación.  Además, distintos sectores le reclaman por “promesas incumplidas”.

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