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En una resolución firmada por todos sus ministros, la Suprema Corte bonaerense habló de una "fuerte reducción de partidas" en el presupuesto 2019 para "dar continuidad a las obras gestionadas por el Ministerio de Infraestructura y servicios públicos, encaminándolas a su paralización".
El Tribunal máximo de provincia expuso las dificultades que conllevan para el normal funcionamiento de la dependencia el incremento de tarifas "sobre rubros indispensables para la prestación del servicio de justicia" como "servicios públicos, alquileres de edificios, mantenimientos preventivos de instalaciones".
Además, la Corte advirtió que el dinero presupuestado por este año fue similar al de 2018 y al de 2017, y dio cuenta del pedido de "refuerzos" al gobierno de María Eugenia Vidal para evitar la discontinuidad de alquileres y culminar obras en caso de ser requeridas.
En el texto dirigido al Poder Ejecutivo bonaerense, el Máximo Tribunal agregó que, en tal contexto, dispuso adoptar "un reordenamiento de prioridades que afectan obras menores y la renovación de equipamiento e instalaciones, focalizándose en las que resultan indispensables y esenciales para la seguridad de la infraestructura y la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales cuyos titulares ya se encuentran designados mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial".
“Se ve en la obligación de hacer saber que la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años, dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia que promueve el Tribunal desde hace años, con la finalidad de dar respuesta a las acuciantes necesidades en materia de infraestructura edilicia y modernización tecnológica", concluyó la Corte provincial.
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