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El Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16 y a cargo de la causa que investiga la estafa millonaria en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, habló sobre el caso, adelantó que mañana será indagado el principal acusado y que hoy se negaron a declarar dos de los imputados.
Asimismo, el funcionario judicial señaló que insistirá para que el Juzgado de Garantías recalifique el delito que hasta ahora fue encuadrado en fraude a la Administración Pública (que prevé condenada de hasta 6 años) por asociación ilícita. De ese ocurrir, la pena podría llegar a 50 años.
En declaraciones a FM Cielo, Condomí Alcorta dio detalles del caso y relató: “Un empleado de planta estable de Educación organizó a un grupo de personas para defraudar al Estado, aprovechando el acceso a una clave informática”.
Según el Fiscal, dicho empleado (a quien se identificó como Alberto Acevedo) venía cometiendo el delito “desde el año 2017 y hasta mediados de este año”. “Le asignó tres cargos de preceptores a seis personas en escuelas de La Matanza, por lo que cada uno se alzó con una suma de entre 600.000 y 700.000 pesos”, detalló.
En cuanto a la causa, el Fiscal explicó que la jueza de Garantías Marcela Garmendia consideró que el delito es el de fraude a la Administración Pública, donde la pena mayor a aplicarse es de seis años. Sin embargo, señaló: “Insistiré con las pruebas recolectadas a recaratular el delito a asociación ilícita”.
Cabe recordar que junto a Acevedo fueron detenidas ayer cuatro personas más: Benjamín Benítez Fredes, de 28 años, Jesica Cabrera, de 27, Laura Estrella, de 42, y María Asunción Cabrera, de 46 años.
Además, hay dos prófugos que son buscados por personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado que depende de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.
Los aprehendidos están acusados de defraudar al Estado por una suma cercana a los 3,5 millones de pesos.
Según la información que se conoció en la tarde del martes, Acevedo “es empleado de Contralor Docente en el departamento 4, que carga información más que nada del Conurbano. Las personas fueron ingresadas de forma absolutamente irregular para que puedan cobrar plata, y después devolvérsela a este muchacho o distribuirla".
De acuerdo a la pesquisa, Benítez, Estrella y los Cabrera, figuraban como preceptores en escuelas de La Matanza a donde no concurrían a trabajar. Además, no cumplían con "ninguno de los requisitos formales" para ocupar un cargo docente. Las irregularidades fueron detectadas por una auditoria interna y denunciada ante la Justicia por el Gobierno provincial.
"La modalidad de esta banda era acompañar a la persona que cobraba en ventanilla, le daban un pequeño porcentaje y se quedaban con la mayoría del dinero", detalló uno de los jefes policiales que actuó en los operativos
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