Vidal y la conflictividad social-sindical creciente en la Provincia

Por Juan Alfaro (ALFA) | @alfajuan

La última recta del 2018 configura un escenario por demás conflictivo en el territorio bonaerense. De la mano de la “tormenta” económica que no puede pilotear Mauricio Macri al mando del Gobierno Nacional, las escalada del dólar que superó la semana pasada los 31 pesos y una inflación que no para de crecer, el panorama social-gremial advierte con distintos focos de ebullición en el territorio bonaerense. Este año, de grandes tarifazos, de PyMes golpeadas por las peripecias económicas y de una fuerte conflictividad salarial, grafican el difícil tramo que tiene que afrontar la gobernadora María Eugenia Vidal de cara al 2019, el año electoral. En los despachos de Cambiemos en la Provincia, muchos de ellos en Gobernación, intentan mostrar una diferenciación de estilos entre Macri y Vidal ante el preocupante escenario. “María Eugenia tiene más sensibilidad sobre la situación actual”, deslizan los vidalistas, en un claro intento de desmarcarse de las acciones de la Casa Rosada. Es cierto, en los discursivos, la Gobernadora no niega la crisis, repite públicamente que es un “momento difícil” y hasta reconoció que “hay más pobreza en los últimos meses”. Si bien “Mariu” intentó emparchar la situación con un paquete de 318 millones de pesos en medidas sociales que anunció el 17 de julio, como un aumento del 15 % retroactivo a mayo del Plan Más Vida, una tarjeta mensual de 5.000 pesos para 1.000 comedores para que puedan comprar garrafas, productos de limpieza o alimentos frescos, y la inclusión de 18 nuevos municipios en el programa Un Vaso de Leche por Día, la situación nacional termina opacando esos intentos. La “tormenta” bonaerense.

La pobreza que la propia Gobernadora reconoció, con su impacto principal en las zonas más vulnerables del Conurbano que, dicho sea de paso, es donde la intención de voto de Cristina Fernández de Kirchner crece al ritmo de la crisis, en detrimento de las de Macri y Vidal. Pero en el Interior de la Provincia, el efecto de los tarifazos sigue provocando sus secuelas en las PyMEs, para muchos “el motor” de la economía bonaerense, donde todas las semanas los portales provinciales muestran fábricas que cierran, trabajadores despedidos y las Pequeñas y Medianas Empresas en su peor momento. Es válido también hacer foco en la conflictividad social que viven mediadas y pequeñas ciudades del Interior, por si alguno pensó que la crisis y la pobreza sólo impactaban en las grandes ciudades. Un ejemplo para graficar es lo que relató el intendente de Necochea, Facundo López, quien dijo que en su distrito asisten socialmente a “más de 5 mil personas por día”. Situaciones similares alertaron en Roque Pérez y varios distritos pequeños y medianos del Interior. Datos alarmantes.

Sobre este preocupante escenario, hechos que no son nuevos, pero que presumen generar más tensión sobre el tablero, se posan como protagonistas. En la provincia, el foco recae sobre los conflictos salariales del sector docente, de trabajadores de la salud y del Astillero Río Santiago. La paritaria salarial de Vidal con los docentes tiene un record para nada aplaudible. En los últimos años, la de este año es la más larga y la que en el octavo mes del año, aún no tiene solución. En comparación con los dos mandatos de Daniel Scioli (2007-2017) y las dos primeras paritarias del de Vidal, la del 2018 se lleva los laureles por ser la más extensa en su conflictividad. La pulseada que encaró Vidal con los docentes subió tanto en su tensión, en especial durante año electoral del 2017, que por estas semanas es uno de los principales motivos por el cual la imagen de la Gobernadora cayó, dado que según muchos analistas “el sector docente en su mayoría” se inclinó a votar por Vidal en 2015 y 2017. Pero además de la cuestión salarial, de la mano del director general de Cultura y Educación, el economista Gabriel Sánchez Zinny, a quien llaman “el ajustador”, el sector educativo tuvo distintos focos de conflicto. La trágica explosión de la Escuela de Moreno, que provocó la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, es parte de escenario. Dato no menor, a casi dos meses del escándalo, finalmente renunció el director de Infraestructura Escolar de la provincia de Buenos Aires, Mateo Nicholson, envuelto en un caso de corrupción, tras conocerse un audio donde le pedía a una colaboradora inflar presupuestos que le tenía que presentar a Vidal. Ahora, la oposición apuntala más responsabilidades y pide la cabeza de Sánchez Zinny, un clamor a sordos, dado que el funcionario de Vidal está tan protegido que ni se dignó en ir a dar explicaciones a la Legislatura bonaerense, tras la explosión de la Escuela de Moreno. Con esas aristas, el caldeado escenario docente tendrá esta semana 72 horas de paro. Al parecer, la estrategia de Gobernación es llegar así hasta fin de año: sin una paritaria acordada. Total, los adelantos a cuenta de forma unilateral le sirven a la administración bonaerense para decir que “están aumentando el sueldo a los maestros”. Un conflicto sin solución.

El otro foco hay que posarlo sobre el conflicto que se cierne sobre el Astillero Río Santiago. La semana que pasó los 17 millones de bonaerenses observaron en vivo y en directo la represión desatada en la marcha del martes 21, que dejó a 15 policías heridos, lluvia de gases y balas de goma, y piedras por los aires de los manifestantes. El microcentro de la ciudad de La Plata, casi una zona de guerra. El conflicto viene de hace meses, pero explotó de la mano de Macri y las corporaciones mediáticas. De la polémica frase del jefe de Estado (“hay que dinamitar el Astillero Río Santiago”), hasta las denuncias de corrupción que presentaron desde la administración Vidal, el conflicto fue tomando temperatura hasta terminar en el caos del pasado martes. El gobierno bonaerense activó mediante el presidente ARS, Daniel Capdevila –de vacaciones mientras se desataba la represión en La Plata–, quien presentó ante la Justicia una denuncia contra Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por “gravísimas maniobras” en perjuicio del Estado bonaerense. En el texto se enumeran desvíos de fondos en favor del gremio y contrataciones “injustificadamente onerosas” en perjuicio del Astillero. Desde ATE Ensenada, apuntada por las denuncias, desmintieron las acusaciones y aseguraron que “el plan de Vidal y Macri” es “privatizar Astillero”, “provocar un vaciamiento” y “generar despidos”. La situación está candente: por un lado, el jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, negó en una entrevista alguna intención de privatizar el Astillero, aunque dejó en claro la postura de Gobernación: “Como un montón de empresas que hoy son deficitarias en la Provincia, y en todas estamos buscando un equilibrio fiscal, que puedan producir y solventen sus gastos con esos ingresos. Es el objetivo de cualquier administrador (…) Lo único que pedimos en el caso de Astillero es que la empresa logre generar niveles de productividad para que pueda solventar sus gastos, que son muchos”, destacó. Sin embargo, y por el otro, tras la represión Vidal salió con los tapones de punta y, sin tapujos, acusó: “Hace diez años que no terminan un barco”, para luego asegurar que “no marchan por la fuente de trabajo, que no le mientan a los trabajadores”. El conflicto desbordado.

El caso de los docentes y el de Astillero es sólo una forma de graficar la aguda situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires de la mano de la “tormenta” que no puede pilotear Macri. Inevitablemente el territorio bonaerense se va a ver afectado por las peripecias nacionales. Por estas semanas, más allá de lo discursivo o de la organicidad dentro de un espacio, Vidal y su equipo ven con preocupación el escenario económico-social de cara a fin de año. Piensan, se sabe, que tiene que actuar la política sobre la economía y gestar acuerdos de gobernabilidad. Mientras tanto, los focos de conflicto se siguen tensando y Vidal se muestra en primera línea.

Fuente: ANDigital