El desembarco de Farmacity llegó al Congreso: presentan proyecto para “cuidar rol de farmacias”

La polémica por un posible desembarco de la cadena Farmacity en la Provincia de Buenos Aires llegó al Congreso de la Nación y dos diputados peronistas presentaron proyectos para “proteger el rol de las farmacias”.

Por un lado, la diputada nacional marplatense, Fernanda Raverta (FpV-PJ), presentó una iniciativa que busca “recuperar el espíritu sanitarista de las farmacias contra el modelo ‘farmashopping’, y apuntó contra el Vice Jefe de Gabinete Nacional, Mario Quintana. 

“El proyecto de ley que estamos impulsando tiene por objeto proteger el rol de la farmacia como parte del sistema de salud, y evitar que sociedades anónimas con fines comerciales se instalen en el país como modelo farmashopping. Es fundamental que prevalezca el derecho de la salud por sobre el lucro. No podemos dejar que por los intereses económicos de las grandes empresas, sobre todo a instancias de Mario Quintana, ex CEO de Farmacity y actual Vice Jefe de gabinete nacional, se ejerza presión desde su cargo en el gobierno para la instalación del modelo farmashopping en nuestra provincia”, disparó la diputada Raverta.

Asimismo, la legisladora manifestó que son “vergonzosas” las declaraciones de Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre las denuncias de conflictos de intereses por las que atraviesa el Vice Jefe de Gabinete. “Es sabido que Quintana es fundador y accionista de la empresa Farmacity, por lo que se presenta un conflicto de intereses por su función pública y la influencia que pueda ejercer como funcionario. Y también es sabido que uno de los ministros de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tuvo entre sus clientes a la empresa farmacéutica; y hoy es la Corte quien debe decidir si habilita o no las operaciones de la cadena creada por Mario Quintana, en la provincia de Buenos Aires”.

En relación al proyecto presentado, la iniciativa propone modificar la Ley 17.565 de regulación de la actividad farmacéutica que establece quiénes son los que podrán instalar farmacias. A partir de esta modificación, solo los farmacéuticos podrán abrir farmacias o sociedades de responsabilidad limitada (SRL) que estén integradas total o parcialmente por farmacéuticos, siempre y cuando el profesional sostenga la dirección técnica y la gerencia de la misma.

También podrán instalar farmacias las mutuales y obras sociales para la atención de sus afiliados, así como establecimientos hospitalarios. Cualquier otra forma comercial, como las sociedades anónimas, tendrán prohibido abrir farmacias en todo el territorio nacional.

“El “modelo farmashopping”, promovido por empresas como Farmacity, propiedad de Mario Quintana, pretende convertir lo que es un centro de salud en un local comercial, a partir de la incorporación para la venta de bienes que nada tienen que ver con la salud. A su vez, dispone medicamentos y productos médicos en góndolas sin intervención de un profesional, lo que iguala el medicamento a cualquier bien de consumo”, puntualizó la diputada marplatense.

“Este modelo implica una competencia desleal con las farmacias de barrio. Asimismo, la existencia de cadenas de farmacias propiedad de sociedades anónimas favorece los aumentos desproporcionados de los medicamentos, dado que dejan de existir otras farmacias donde poder adquirirlos a mejor precio”, finalizó.

Asimismo, el proyecto de Raverta tiene por objeto asegurar la preeminencia del derecho de la salud por sobre cualquier ánimo de especulación y lucro; y deroga el artículo 13 del Decreto 2284/91 que permitía que cualquier persona física o jurídica pudiera instalar una farmacia en cualquier lugar. E

Por otro lado, semanas atrás, el diputado nacional de Unidad Ciudadana, Fernando Espinoza, también presentó un proyecto en la misma línea. La iniciativa del matancero busca modificar el artículo 3 de la Ley 17.565 que regula el funcionamiento de la actividad de farmacias, volviendo a la doctrina tradicional -que estuvo vigente entre 1905 y 1991, cuando fue derogada por un decreto del expresidente Carlos Menem- que, según Espinoza, históricamente "produjo un servicio eficiente, sin grandes sobrecostos, con diversificación, calidad técnica y una red de miles de propietarios".

Con ese objetivo, el proyecto añade al artículo mencionado: "Es atribución de los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires limitar la autorización a instalar farmacias según los propietarios sean sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades colectivas cuando no estén integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia".

Además, para que la legislación sea coherente, Espinoza propone – al igual que Raverta - derogar el artículo 13 del decreto 2284/91 o de desregulación económica, que indica que "cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización".

En esa dirección, se subraya el hecho de que "el medicamento es un bien social que integra el derecho a la salud (como prescribe el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires) y por lo tanto su comercialización debe ser regulada”.