El senador bonaerense Guillermo Montenegro avanza con una nueva etapa de reforma del sistema penal juvenil en la provincia de Buenos Aires para adecuar la legislación provincial al Régimen Penal Juvenil nacional aprobado este año por el Congreso, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y comenzará a regir desde septiembre de 2026. La iniciativa busca modificar el Código Procesal Penal bonaerense y la ley que regula la ejecución de condenas para adolescentes punibles.
El proyecto impulsado por el dirigente del PRO se suma a una primera presentación legislativa vinculada a la reforma de la Ley 13.634, que regula el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la Provincia. Según explicó Montenegro, el objetivo es avanzar hacia “un cambio de paradigma” que deje atrás un sistema “fragmentado y desactualizado” para dar lugar a un esquema centrado en la responsabilidad penal, con mayor participación de las víctimas y nuevas herramientas de resocialización.
Entre los puntos centrales de la reforma aparece el fortalecimiento del rol de las víctimas dentro del proceso judicial juvenil. La propuesta incorpora el derecho a patrocinio jurídico gratuito, acceso permanente a la información de la causa, participación en instancias de mediación y la posibilidad de ser escuchadas antes de acuerdos judiciales o medidas alternativas como probation y criterios de oportunidad.


Además, el texto habilita al Ministerio Público Fiscal a aplicar criterios de oportunidad para evitar procesos innecesarios, aunque siempre bajo control judicial y con intervención de la víctima. También se incorporan mecanismos de seguimiento sobre medidas cautelares y condenas, junto con la obligación de contar con equipos interdisciplinarios especializados en adolescentes.
La discusión sobre el régimen penal juvenil volvió a instalarse con fuerza tras la sanción de la Ley Nacional 27.801, promulgada por el gobierno de Javier Milei en marzo pasado. La norma creó un sistema específico para jóvenes de entre 14 y 18 años, estableció penas diferenciadas respecto al régimen de adultos y fijó un máximo de 15 años de prisión para adolescentes, priorizando además medidas educativas y de reinserción social.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del rol de la víctima, incorporándola al Código de Procedimiento Penal aplicado al régimen juvenil con más: