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El conflicto por la asistencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires escaló en abril cuando el Gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Capital Humano encabezado por la ministra Sandra Pettovello, rechazó el reclamo de deuda presentado por la gestión bonaerense de Axel Kicillof, en medio de una fuerte interna peronista que suma presión sobre el manejo de los programas sociales.
La disputa se originó tras el planteo del ministro bonaerense Andrés Larroque, quien reclamó más de $220.000 millones adeudados por Nación para sostener el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el programa MESA. Desde el Ejecutivo nacional negaron de plano esa deuda y responsabilizaron a la Provincia por la gestión de sus propios recursos.
En su respuesta oficial, Pettovello aseguró que el SAE es un programa de carácter provincial y remarcó que la Nación solo aporta cerca del 20% del financiamiento total, mientras que el resto corresponde a la administración bonaerense. Con ese argumento, el Gobierno buscó desactivar el reclamo y cerrar la discusión sobre supuestos atrasos.
El trasfondo del conflicto, sin embargo, excede la puja entre Nación y Provincia. La presentación de un proyecto de ley del senador Mario Ishii para declarar la emergencia alimentaria por 18 meses agitó la interna del peronismo y dejó expuesto al propio Larroque dentro del esquema oficialista.
La iniciativa propone aumentar partidas para comedores, reforzar programas sociales y crear mecanismos de control legislativo, pero llamó la atención porque no menciona al gobierno de Javier Milei en sus fundamentos, lo que fue interpretado en La Plata como una crítica indirecta a la gestión provincial.
Desde el entorno de Kicillof señalaron que el proyecto responde a sectores alineados con Máximo Kirchner y que no fue consensuado con el Ejecutivo. La movida fue leída como un intento de condicionar la política social bonaerense en un contexto económico delicado.
El detonante inmediato del debate fue el ajuste en el programa MESA, una política alimentaria implementada durante la pandemia que entrega módulos de alimentos a familias vulnerables. En las últimas semanas, intendentes recibieron notificaciones sobre recortes, lo que encendió alarmas en los municipios.
Este programa funciona como complemento del SAE y sigue vigente tras la vuelta a la presencialidad escolar, con distribución a través de escuelas y articulación entre el Ministerio de Desarrollo, municipios y consejos escolares. Su reducción impacta directamente en sectores con altos niveles de vulnerabilidad.
En este escenario, Larroque redobló la presión sobre Nación y planteó que la Provincia concentra el 38% de la población del país, por lo que consideró indispensable una mayor corresponsabilidad en el financiamiento de políticas alimentarias.
Así, la discusión sobre “quién se hace cargo del hambre” quedó atravesada por múltiples tensiones: el cruce entre gobiernos, el ajuste de recursos y una interna peronista que suma ruido en un tema sensible, donde las definiciones políticas impactan de lleno en la asistencia social.
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