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El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la Rendición de Cuentas 2024 del municipio bonaerense de San Nicolás, que condue el intendente Santiago Passaglia. Más allá de esto, la entidad señaló diversas irregularidades que podrían desembocar en una sanción para el jefe comunal y sus funcionarios.
El expediente N° 4-110.0-2024, resuelto el 5 de marzo de 2026 en La Plata, analizó el ejercicio municipal en el que el Ejecutivo manejó un presupuesto total de $90.329.244.567,34, (noventa mil trescientos veintinueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y siete pesos y treinta y cuatro centavos) con ingresos por $72.756.999.548,46 (setenta y dos mil setecientos cincuenta y seis millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos y cuarenta y seis centavos) y gastos por $74.217.268.484,87 (setenta y cuatro mil doscientos diecisiete millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos y ochenta y siete centavos).
Pese a la aprobación formal de las cuentas, el organismo dejó constancia de una serie de incumplimientos que, en algunos casos, podrían derivar en sanciones.
Uno de los puntos más relevantes es la subejecución del Fondo Educativo, donde se registraron ingresos por $1.750.145.130,57 (mil setecientos cincuenta millones ciento cuarenta y cinco mil ciento treinta pesos y cincuenta y siete centavos), pero apenas se ejecutaron $60.589.920,40 (sesenta millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos veinte pesos y cuarenta centavos), acumulando un saldo final de $2.199.597.587,13 (dos mil ciento noventa y nueve millones quinientos noventa y siete mil quinientos ochenta y siete pesos y trece centavos).
El Tribunal consideró que esto vulnera la obligación de destinar esos recursos a educación y responsabilizó al intendente Passaglia, a la secretaria Natalia Alicia Casella y al secretario de Gobierno, Matías Sebastián Grams.
En materia de contrataciones, el informe cuestionó adjudicaciones directas sin licitación. Entre ellas, los servicios contratados con la firma Futurebrand S.A., por montos de $10.527.000, $9.000.000 y $15.563.000, destinados a publicidad y rebranding institucional. La propia Contaduría reconoció que debió haberse realizado un proceso licitatorio.
También se objetó la contratación reiterada y fragmentada del proveedor Miniature S.R.L., a través de múltiples órdenes de compra durante 2024 para servicios vinculados a un sistema informático de atención y gestión, evitando así los procedimientos formales exigidos por ley.
Otro eje crítico fue el manejo presupuestario. Durante el ejercicio se ampliaron partidas por $30.806.738.552,37 (treinta mil ochocientos seis millones setecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos y treinta y siete centavos), en muchos casos sin respaldo en la recaudación efectiva.
De hecho, el informe señala que el municipio registró un faltante de ingresos de $17.429.500.314,06 (diecisiete mil cuatrocientos veintinueve millones quinientos mil trescientos catorce pesos y seis centavos) respecto de lo previsto, lo que pone en duda la validez de esas ampliaciones.
Además, el Tribunal observó que el municipio pagó salarios a través del Banco Hipotecario en lugar del Banco Provincia, incumpliendo la Ley 14.881, pese a que el Ejecutivo defendió la medida por generar un beneficio económico de $62.772.695,68 durante el año.
En el plano institucional, también se detectó la falta de publicación del Boletín Oficial Municipal, lo que impide el acceso público a ordenanzas, decretos y resoluciones, en violación de la normativa vigente.
Desde el punto de vista financiero, la comuna cerró el ejercicio con un saldo de caja de $5.005.313.432,73 (cinco mil cinco millones trescientos trece mil cuatrocientos treinta y dos pesos y setenta y tres centavos) y un resultado financiero positivo de $2.244.817.013,91 (dos mil doscientos cuarenta y cuatro millones ochocientos diecisiete mil trece pesos y noventa y un centavos).
Sin embargo, el resultado determinado bajo criterios específicos del Decreto 2980/2000 arrojó un déficit de $-3.904.097.602,98 (Tres mil novecientos cuatro millones noventa y siete mil seiscientos dos pesos con noventa y ocho centavos), evidenciando tensiones en la sostenibilidad fiscal.
En este contexto, el Tribunal concluyó que las cuentas reflejan “razonablemente” la situación patrimonial, financiera y presupuestaria, pero dejó asentados los reparos y posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
El caso configura un escenario complejo: una rendición aprobada en lo formal, pero atravesada por observaciones que ponen en discusión el manejo de fondos públicos, la transparencia y los criterios de gestión en la administración municipal de San Nicolás.
En definitiva, el mandato de Passaglia vuelve a estar en el centro de la escena y en este caso por errores que conectan tanto cuestiones administrativas, como financieras y legales de San Nicolás.
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