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Cronos Noticias » Provincia » 14 nov 2017 22:18

En la Legislatura

El massimo acompañó el Presupuesto, pero no el aumento del inmobiliario ni impuesto a cooperativas

El bloque de diputados bonaerense del Frente Renovador expresaron su rechazo al incremento en el impuesto inmobiliario urbano, así como también sobre la quita del beneficio que en la actualidad tenían las cooperativas, que según manifestaron, el gobierno de María Eugenia Vidal pretende grabar con Ingresos Brutos.


  • El massimo acompañó el Presupuesto, pero no el aumento del inmobiliario ni impuesto a cooperativas

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Los diputados bonaerenses del bloque Frente Renovador, que responde a Sergio Massa, acompañaron el Presupuesto 2018 de la gobernadora María Eugenia Vidal, pero expresaron su rechazo al incremento en el impuesto inmobiliario urbano que, en determinados casos, llegarán con aumentos que llegan al 75 por ciento. Además, se mostraron en contra de la quita del beneficio que en la actualidad tenían las cooperativas, a las cuales el gobierno de María Eugenia Vidal pretende grabar con Ingresos Brutos.

En cuanto al impuesto inmobiliario, la vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja provincial, Valeria Arata, expresó: “Estamos en contra del revalúo que proponen desde el gobierno de la Provincia en el tema urbano, ya que hoy las valuaciones de los inmuebles se encuentran a un 10 por ciento de lo que es el valor del mercado, lo que implicaría un gran suba, no tanto en el urbano, sino en el resto de los impuestos nacionales que pueden afectar a los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires”

En esa línea, la diputada de Junín agregó: “A su vez, el aumento que se propone, que es hasta un 75 por ciento de lo que se paga en la actualidad, estaría en contra de lo que proponemos desde el Frente Renovador de un ajuste por inflación. Nos oponemos ya que muchos vecinos de la Provincia de Buenos Aires se van a encontrar afectados no solo al impuesto urbano, sino también a impuestos como bienes personales, ganancias mínimas, con el nuevo planteo que está haciendo el Gobierno nacional en torno a la reforma impositiva, donde muchos trabajadores quedarían dentro del régimen de responsable inscripto en el resto de los impuesto saliendo del monotributo”.

Por su parte, el legislador Pablo Garate opinó: “Si bien se establece en el proyecto que el aumento del impuesto inmobiliario urbano no podrá exceder, respecto del determinado en el año 2017, los porcentajes que varían de un 40 por ciento a un 75 por ciento dependiendo de su valuación fiscal". Y de ese modo, agregó: “Si el revalúo alcanza esta magnitud, ello repercutirá sobre muchos bonaerenses que comenzarían a tributar bienes personales y se produciría un aumento en las expensas y en los alquileres en términos proporcionales, puesto que los propietarios trasladarían los aumentos a los inquilinos”.

“Por otro lado –agregó Garate- aumentaría visiblemente el costo de sucesiones y escrituraciones ya que todos los gastos que ello demanda están signados por un porcentual de las valuaciones. Igualmente impactaría en tarifas de servicios públicos que van atadas al precio de las valuaciones fiscales o al del metro cuadrado edificado. También tendría consecuencias negativas en las finanzas de los municipios, estimando una baja en la recaudación de las tasas municipales y un detrimento en la prestación de los servicios”.

En tanto, sobre uno de los puntos del proyecto de Ley Impositiva, que establece la modificación del régimen jurídico especial, y que las cooperativas de la Provincia pasen a grabar Ingresos Brutos con un fin netamente “recaudatorio y crea un nuevo impuesto para las cooperativas”, el diputado Ricardo Lissalde aclaró: “Debemos hacer una diferenciación entre asociados, que es una distinción que los integrantes de una cooperativa son asociados y no son socios ni clientes, por lo tanto, no hay un acto de comercio entre el trabajo que se lleva adelante por medio de una cooperativa con espíritu solidario”.

Y agregó: “Cuando los ciudadanos se organizan a través de una cooperativa tiene fundamentos legales y tiene un régimen jurídico especial y esa asociación en escala, en especial a medianos y pequeños productores, resulta en un hecho de asociatividad donde no existe un acto de comercio porque si habría un excedente en el balance anual, el mismo se reparte en partes iguales con los integrantes”.

En la actualidad, las cooperativas no pagan ingresos brutos porque “el acto” no está sujeto a una acción comercial, y el gobierno “quiere pasarlo a que sea sujeto a un acto de comercio para que entre a la categoría de exento, medida que nos oponemos totalmente”, dijo.

Y citó dos ejemplos de un mismo distrito del interior bonaerense: “Una persona del interior de la provincia está, como muchos de los vecinos de esa localidad, asociado y todos conformaron una cooperativa para llevar adelante la producción agropecuaria; y no es un acto de comercio sino una ayuda solidaria para tener competitividad”. Lo mismo sucede, contó Lissalde, con otro grupo grande de vecinos de la misma ciudad que se juntaron para tener conectividad a internet: “entonces todos se brindan un servicio así mismo para estar conectados sin tener un espíritu comercial”.

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